Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, respondió con determinación a los señalamientos provenientes del gobierno de Estados Unidos respecto al rediseño del tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La reubicación de vuelos de carga y la reorganización general del espacio aéreo capitalino han provocado inquietudes en sectores empresariales y gubernamentales del país vecino, que consideran que dichas medidas podrían afectar a compañías extranjeras. Ante esto, Sheinbaum reiteró que el país actúa en el marco de su soberanía y no cederá ante presiones externas.
Durante una conferencia reciente, Sheinbaum afirmó que la saturación del AICM es un problema claro que necesita acciones decididas por parte del Estado mexicano. En este contexto, defendió completamente el traslado de vuelos de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), resaltando que es una medida técnica y estratégica. “El AICM no puede continuar funcionando bajo las condiciones actuales. Esta decisión pretende organizar, modernizar y mejorar la seguridad del espacio aéreo mexicano”, aseguró.
La política de redistribución de vuelos fue implementada con el objetivo de despresurizar una terminal aérea que durante años ha operado por encima de su capacidad. Las condiciones de infraestructura, así como las limitaciones geográficas, han obligado al rediseño de rutas y a la transferencia de operaciones, una estrategia que Sheinbaum calificó como necesaria y que será mantenida en su administración.
Desde Estados Unidos, algunas voces han advertido sobre posibles afectaciones a empresas estadounidenses involucradas en el transporte de mercancías por vía aérea, e incluso se ha sugerido que podrían tomarse medidas diplomáticas o comerciales si no se revisa la situación. No obstante, Sheinbaum dejó claro que México no está violando ningún acuerdo ni tratado internacional y que el rediseño responde exclusivamente a prioridades logísticas nacionales.
No estamos actuando al margen de la ley. Somos un país independiente que toma decisiones basadas en sus propias necesidades. Y aunque estamos dispuestos a dialogar y cooperar, eso no significa que vayamos a aceptar presiones o intimidaciones”, afirmó la exjefa de gobierno de la Ciudad de México.
También destacó las virtudes del AIFA, el cual posee una infraestructura moderna y una gran capacidad para gestionar carga, además de estar vinculado con rutas terrestres clave. Según su perspectiva, este aeropuerto ofrece una oportunidad para diversificar y optimizar el sistema aeroportuario del país, además de promover un desarrollo más equilibrado en el Valle de México y sus alrededores.
Dadas las suposiciones sobre un posible efecto adverso en los lazos bilaterales, Sheinbaum reiteró que la colaboración con Estados Unidos seguirá adelante, aunque con un enfoque de respeto mutuo. Destacó que la conexión con el país del norte debe sustentarse en el diálogo constructivo en lugar de acciones unilaterales o presiones diplomáticas.
Este cruce se da en un contexto más amplio de revisión del modelo de infraestructura en México. Desde hace algunos años, el gobierno federal ha apostado por redistribuir la operación de vuelos hacia nuevos aeropuertos y por ampliar la red nacional de transporte aéreo con el objetivo de descongestionar las principales terminales del país y generar polos de desarrollo regional.
En el caso del AICM, las medidas recientes abarcan no solo disminuir la cantidad de operaciones por hora, sino también el traslado de vuelos de carga y la inversión en mantenimiento y seguridad. Estas acciones han generado opiniones divididas entre los sectores logísticos y empresariales, algunos de los cuales solicitan una mejor coordinación con operadores internacionales.
La nueva administración liderada por Sheinbaum desde el 1 de octubre enfrentará el desafío de avanzar en esta reestructuración sin dañar las relaciones internacionales, además de preservar el principio de soberanía nacional. Con su reciente postura, la próxima líder ha dejado claro que no tiene intención de dar marcha atrás en decisiones que juzga cruciales para la nación.
